La nueva empresa, que se llamará Rodalies de Catalunya, comenzará a funcionar en enero de 2026 y se constituirá con capital social de 2 millones de euros
El traspaso de Rodalies avanza. El Govern, ERC y Renfe han cerrado este jueves el acuerdo para consituir la nueva empresa operadora del servicio ferroviario de cercanías en Catalunya, un paso que se incluía en el acuerdo de investidura entre los republicanos y Salvador Illa.
Esta nueva compañía nacerá como una división dentro del grupo Renfe, compañía que además tendrá el control accionarial con el 50,1% de las participaciones. La Generalitat sin embargo tendrá el control del consejo de administración, incluída su presidencia. Una composición accionarial donde la matriz posee más de la mitad de las participaciones es lo que habitualmente se conoce como “filial”, aunque tanto el Govern como el Ministerio rechazan utilizar este término.
“El día de hoy será recordado como un cambio fundamental en la movilidad de Catalunya. Que nadie quiera rebajar este hito. La gestión desde el territorio es fundamental para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos”, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se ha felicitado igualmente por lo que ha considerado un “día histórico” para mejorar el servicio catalán de cercanías.
“Hoy se constituye una empresa plenamente catalana para garantizar los derechos de la ciudadanía de Catalunya”, ha asegurado la portavoz de ERC, Esther Capella, que ha considerado que el pacto firmado por su partido se está cumpliendo. “Ganamos nuevas cuotas de soberanía”, ha remachado Capella.
El acuerdo no supone grandes novedades respecto a lo que ya se venía trabajando por parte de los equipos de las tres partes implicadas. El nombre oficial de la nueva sociedad será “Rodalies de Catalunya S.M.E., S.A.” y se constituirá con un capital inicial de dos millones de euros. Esta nueva empresa absorverá todo el capital personal y material que ahora utiliza Renfe en la prestación del servicio de Rodalies mediante una subrogación.
Respecto al consejo de administración, estará compuesto por nueve personas, cinco de ellas propuestas por la Generalitat, una de ellas para la presidencia de la compañía, y otros cuatro consejeros de Renfe. Uno de estos cuatro que lleguen de la empresa matriz, además, será un representante de los trabajadores.
La constitución de una empresa mixta como nueva operadora de las cercanáis quedó pactada entre el PSC y ERC en el acuerdo para la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, durante los meses que han transcurrido las condiciones de aquel pacto se han modificado sustancialmente, con el consenso de todas las partes, ya que del “traspaso integral” de Rodalies y de “empresa segregada de Renfe”, que reflejaba el primer acuerdo, se ha pasado al actual escenario.
Tanto desde el Govern como en ERC rechazan, sin embargo, que este cambio sea relevante. “El acuerdo que presentamos hoy respeta totalmente lo pactado con ERC y hace que sea posible cumplirlo”, ha asegurado la consellera Paneque. Desde el Govern sostienen además que esta fórmula facilita dos de los grandes problemas a los que se han enfrentado: la relación con los trabajadores y las licencias y permisos que el nuevo operador necesita para arrancar.
La cuestión laboral ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de los arquitectos de la nueva empresa, después de que los sindicatos mayoritarios se lanzasen a la huelga en marzo y abril pasados. Fruto de aquellas movilizaciones, la plantilla consiguió que la nueva empresa no se relacionase con Renfe a través de un convenio para garantizar los derechos laborales, sino que lo hiciera directamente como filial, es decir, bajo el paraguas del grupo Renfe y con mayoría accionarial de la compañía del Ministerio.
Fuentes de los republicanos ponen el acento en el cambio en la gobernanza de la compañía, que entienden que pasará a manos de la Generalitat, y no tanto a la composición accionarial. Entienden que esta cuestión podrá ser resuelta más adelante y que haber aceptado que la Generalitat quede en minoría accionarial ha sido un peaje razonable para conseguir un nuevo operado controlado desde Catalunya.